Diario Sol de Chilpancingo (Jorge Romero Rendón).
SUSPEG: el imperio de la Ley
Ayer se abrió el camino para que al SUSPEG volviera la legalidad, luego de una serie de maniobras legales y chicharroneras realizadas por oscuros personajes ligados al poder, que trataron de imponer a la mala a David Guzmán Sagredo como dirigente de ese sindicato, sin serlo ni merecerlo, por lo que hoy, por fin, le queda el camino abierto al verdadero secretario general, Héctor Acevedo Rivera para poner orden y recuperar el tiempo perdido.
El camino lo abrió el propio gobernador Zeferino Torreblanca que ayer declaró en una entrevista del noticiero Al Instante —conducido por Domingo Díaz Reyna, en Radio Capital Máxima— que se someterá a lo dispuesto por los tribunales, de modo que su gobierno reconocerá plenamente a Acevedo Rivera como único representante legal y legítimo del SUSPEG, para trabajar con él de inmediato.
Dicha posición habla bien del mandatario, toda vez que hizo a un lado el jueguito de poder que se traían sus asesores, para cumplir simple y llanamente con la ley, demostrar un respeto institucional y personal hacia la independencia del SUSPEG como sindicato representante de los trabajadores al servicio del Estado, y terminar con la guerra legal que mantenía congelada la relación entre empleados y patrones.
La declaración del gobernador se difundió al día siguiente de haberse notificado a las partes que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) había declarado improcedente el recurso presentado por los abogados de Guzmán Sagredo para tratar de echar abajo los triunfos legales obtenidos por el equipo de Acevedo en los tribunales Séptimo de Distrito y Colegiado de Distrito, que le habían ordenado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) dejara sin efecto la Toma de Nota ilegal que le otorgó a Sagredo el 18 de febrero pasado.
De esa forma, a pesar de que los abogados de Sagredo sigan nuevas vías legales para retrasar lo inevitable, la verdad es que esas tres resoluciones no van a variar y ninguna instancia legal va a darle la razón, ya que se ha demostrado que la Toma de Nota que lo favorecía fue producto de la corrupción y del abuso de poder.
La resolución de la SCJN y la posterior declaración de Torreblanca terminan así con un caso vergonzoso de desprecio por la ley, operado no sólo por oscuros asesores que movieron como un títere al presidente del TCA, Ricardo Quiñones Orozco, para tratar de imponer a otro títere, David Guzmán Sagredo, el valedor del exdirigente Luis Román Miranda, tan urgidos de tapar sus malos manejos en el SUSPEG.
De manera que todo quedará de nuevo como en diciembre del 2009, cuando el TCA le otorgó la original Toma de Nota a Héctor Acevedo, para que asuma de inmediato el cargo, aún cuando tenga que negociar algún porcentaje de las carteras del sindicato con la gente de la mafia Román-Sagredo, a efecto de construir la bases de una gobernabilidad interna.
Solo le quedará pendiente en todo caso, la investigación sobre malos manejos hechos por su antecesor con las cuotas sindicales, y sobre todo con los recursos del Plan de Previsión Social, motivo por el que Román y Sagredo se habían jugado todo para impedir que les fincaran responsabilidades.
Otro que tendrá que llevarse también su parte de castigo será Quiñones Orozco, operador de una serie de desacatos a resoluciones legales, que simplemente ya no cabe en ningún juzgado o tribunal, porque los desprestigia, como ha hecho con el TCA.
SUSPEG: el imperio de la Ley
Ayer se abrió el camino para que al SUSPEG volviera la legalidad, luego de una serie de maniobras legales y chicharroneras realizadas por oscuros personajes ligados al poder, que trataron de imponer a la mala a David Guzmán Sagredo como dirigente de ese sindicato, sin serlo ni merecerlo, por lo que hoy, por fin, le queda el camino abierto al verdadero secretario general, Héctor Acevedo Rivera para poner orden y recuperar el tiempo perdido.
El camino lo abrió el propio gobernador Zeferino Torreblanca que ayer declaró en una entrevista del noticiero Al Instante —conducido por Domingo Díaz Reyna, en Radio Capital Máxima— que se someterá a lo dispuesto por los tribunales, de modo que su gobierno reconocerá plenamente a Acevedo Rivera como único representante legal y legítimo del SUSPEG, para trabajar con él de inmediato.
Dicha posición habla bien del mandatario, toda vez que hizo a un lado el jueguito de poder que se traían sus asesores, para cumplir simple y llanamente con la ley, demostrar un respeto institucional y personal hacia la independencia del SUSPEG como sindicato representante de los trabajadores al servicio del Estado, y terminar con la guerra legal que mantenía congelada la relación entre empleados y patrones.
La declaración del gobernador se difundió al día siguiente de haberse notificado a las partes que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) había declarado improcedente el recurso presentado por los abogados de Guzmán Sagredo para tratar de echar abajo los triunfos legales obtenidos por el equipo de Acevedo en los tribunales Séptimo de Distrito y Colegiado de Distrito, que le habían ordenado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) dejara sin efecto la Toma de Nota ilegal que le otorgó a Sagredo el 18 de febrero pasado.
De esa forma, a pesar de que los abogados de Sagredo sigan nuevas vías legales para retrasar lo inevitable, la verdad es que esas tres resoluciones no van a variar y ninguna instancia legal va a darle la razón, ya que se ha demostrado que la Toma de Nota que lo favorecía fue producto de la corrupción y del abuso de poder.
La resolución de la SCJN y la posterior declaración de Torreblanca terminan así con un caso vergonzoso de desprecio por la ley, operado no sólo por oscuros asesores que movieron como un títere al presidente del TCA, Ricardo Quiñones Orozco, para tratar de imponer a otro títere, David Guzmán Sagredo, el valedor del exdirigente Luis Román Miranda, tan urgidos de tapar sus malos manejos en el SUSPEG.
De manera que todo quedará de nuevo como en diciembre del 2009, cuando el TCA le otorgó la original Toma de Nota a Héctor Acevedo, para que asuma de inmediato el cargo, aún cuando tenga que negociar algún porcentaje de las carteras del sindicato con la gente de la mafia Román-Sagredo, a efecto de construir la bases de una gobernabilidad interna.
Solo le quedará pendiente en todo caso, la investigación sobre malos manejos hechos por su antecesor con las cuotas sindicales, y sobre todo con los recursos del Plan de Previsión Social, motivo por el que Román y Sagredo se habían jugado todo para impedir que les fincaran responsabilidades.
Otro que tendrá que llevarse también su parte de castigo será Quiñones Orozco, operador de una serie de desacatos a resoluciones legales, que simplemente ya no cabe en ningún juzgado o tribunal, porque los desprestigia, como ha hecho con el TCA.
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